La noche del atentado contra Raymundo Rivera Lopeztiana, jefe del partido Democracia Plena, no puede ni debe leerse como un hecho aislado. Es el punto más grave de una cadena de omisiones, advertencias ignoradas y amenazas documentadas que hoy colocan al Estado mexicano ante una responsabilidad política, jurídica y moral ineludible.
Desde diciembre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tenía conocimiento formal de las amenazas de muerte contra Rivera Lopeztiana, derivadas de su labor de denuncia pública sobre esquemas de corrupción institucional dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades fueron notificadas. Los riesgos fueron expuestos. Las consecuencias fueron advertidas.
A pesar de ello, el ataque ocurrió, confirmando que la violencia sigue siendo utilizada como mecanismo de intimidación frente a quienes desafían intereses enquistados en el poder.
Democracia Plena, partido inscrito en el sistema de participación de la sociedad civil del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, responsabiliza directamente al Estado y a las instancias de seguridad correspondientes de cualquier daño adicional que pudiera sufrir nuestro jefe de partido o su entorno cercano, mientras persista la omisión en el deber de protección.
No se trata solo de un ataque contra una persona.
Se trata de un ataque contra el derecho a denunciar, contra la participación política, contra la democracia construida desde abajo.
Exigimos:
* Protección inmediata, efectiva y permanente.
* Investigación pronta, imparcial y exhaustiva.
* Sanción a los responsables materiales e intelectuales.
* Garantías reales de no repetición.
La democracia no se defiende con silencios ni simulaciones.
Se defiende enfrentando la corrupción, incluso cuando eso incomoda al poder.
Democracia Plena no retrocede.
No se intimida.
Y no permitirá que el miedo sustituya a la justicia.
Tomar partido hoy es defender la vida, la verdad y la dignidad política.
