Teresa y Manuel, una pareja residente en Móstoles (Madrid), han vivido entre ayer y hoy un infierno. Ayer, al llegar a casa de la universidad, la mayor de sus dos hijas se encontró con que su llave no abría la cerradura; se la habían cambiado. Pegado en la puerta con cinta aislante había un folio escrito a mano donde les informaban de que se había procedido a ejecutar su desahucio.
"Por medio de la presente comunicamos que la comisión judicial ha practicado en el día de hoy la diligencia de lanzamiento acordada por el juzgado de primera instancia número 5 de Móstoles en procedimiento EJH 1150/10. La posesión de la vivienda se le ha dado a la parte ejecutante Cajamadrid (sic), y los bienes que se encuentran en el interior de la misma se consideran abandonados. El perro ha sido llevado a la perrera municipal".
Al lado, dos notas más, escritas también a bolígrafo: "Si quieren sacar el mobiliario que queda en la vivienda, pónganse en contacto con: Legazpi SA. Telf: 91 691 34 13 (Caja Madrid)". "Soy la vecina del 4ºC, me han comunicado que si queréis recuperar al perro debéis ir a la perrera municipal", decía la segunda nota.
La pareja desconocía la fecha de su desahucio. Afirman que no han recibido la notificación judicial de rigor. Su desalojo ha sido una desagradable sorpresa que les ha dejado en la calle con lo puesto y a su hija mayor sin los apuntes de la universidad en fecha de exámenes. "Yo sabía que me tenía que marchar de mi casa, pero no así", gimotea Teresa, que lleva 24 horas llorando. La pareja ha entrado en contacto con Rafael Mayoral, asesor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y juntos han pasado las últimas horas intentando entender lo sucedido. En el juzgado les han explicado que en dos ocasiones fueron hasta la vivienda a comunicarles la fecha del desalojo, pero no estaban presentes. No pudiendo localizarles, el juzgado publicó un edicto en su tablón de anuncios, pero la pareja nunca tuvo conocimiento de este hecho.
"Si no estaban en la vivienda, podían haber informado a un vecino o pegado un aviso con cinta aislante en la puerta, como han hecho esta vez", denuncia el abogado de la pareja. Mayoral discute también la decisión del juzgado de seguir adelante con el desahucio al comprobar tras entrar en la vivienda que estaba habitada y que hasta el perro se encontraba dentro. "Podían haber aplazado el desahucio, pero cuando han llamado al juzgado para avisar de que la vivienda estaba habitada les han dado orden de seguir adelante", afirma. "También lo podía haber decidido el procurador de Bankia, pero también ha decidido ejecutarlo".
Lo primero que ha hecho la pareja, que no quiere desvelar su identidad, ha sido recuperar al perro, trámite que les ha costado 50 euros. Su otra mascota, una tortuga, permanece en la vivienda. "Pobrecita, cómo tendrá el agua de sucia", se preocupa Teresa. También han intentado recuperar sus cosas llamando al número facilitado. Allí han tomado nota de su móvil y les han dicho que se pondrán en contacto con ellos.
"Me han quitado la vida y la dignidad, me han dejado con lo puesto", se duele la mujer, muy afectada por lo sucedido. "Ni me han avisado. ¿Cómo nos hacen esto? Con lo que hemos luchado después de 17 años trabajando... Cuando eres pobre ya no eres digno. Esa es la conclusión que yo saco de todo esto", dice esta afectada que no entiende por qué tras varias horas tocando puertas, ni el juzgado ni el procurador de Bankia le dan una semana de gracia para hacer la mudanza o al menos le permiten recuperar sus cosas. "Yo ya no soy nadie. Nadie, porque soy pobre".
"No es la primera vez que sucede algo así", dice Rafael Mayoral. "Teresa y Manuel ni siquiera han tenido derecho a un aplazamiento de un mes de la fecha de desahucio. Conseguirlo es un mero trámite, pero hasta ahora no tenía abogado porque cuando se les notificó que se iniciaba la ejecución hipotecaria no se les informó de sus derechos. El 70% de los desahucios se ejecutan en la indefensión".
