La Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín en la causa por la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios hasta "que haya sentencia definitiva", según revelaron a Clarin fuentes judiciales.
Este fallo de la Cámara, firmado por los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, implica que los artículos 45 y 161,referidos a la desinversión y posesión de licencias de medios audiovisuales de la ley de medios, no entrarán en vigencia hasta que haya una sentencia de fondo en torno a la constitucionalidad, sobre la cual debe fallar el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso.
Los camaristas sostuvieron que "el levantamiento de la suspensión cautelar" que vencía mañana "causaría un perjuicio irreparable" para el Grupo Clarín "pues frustraría los efectos de una eventual decisión futura, en la hipótesis de resultar ésta favorable a las pretensiones de las demandantes", en referencia a las empresas del grupo que recurrieron a la Justicia.
Para decidir esto, los magistrados tuvieron en cuenta que en la causa principal "parece inmediato el dictado de una sentencia tal como lo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de noviembre último". Aquella vez, el máximo tribunal instó al juez Alfonso a apurar los tiempos, a la vez que exhortó a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal a sortear los magistrados que intervinieran para resolver las recusaciones efectuadas por el Gobierno en contra de los camaristas del fuero Civil y Comercial federal.
"Corresponde admitir lo solicitado prorrogando la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer en los autos principales", firmaron los jueces Najurieta y De las Carreras.
Los camaristas también destacaron que del trámite de la causa no surgen "conductas abusivas de las actoras", en referencia a las empresas demandantes, "sino el regular ejercicio de sus derechos a dilucidar en un litigio judicial la eventual invalidez constitucional de las normas legales que se atacan", en referencia a dos artículos de la Ley de Medios.
De las Carreras, denunciado penalmente por el Gobierno, dedicó un párrafo para afirmar que actuó con "la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional" y "con tranquilidad de espíritu y de conciencia". Y agregó: "Me permito manifestar que estoy convencido de que la sana convivencia social entre los argentinos se sustenta en el respeto de dos de los pilares básicos y fundamentales del sistema republicano: la división de poderes y la independencia judicial".
Fuente: www.clarin.com
