Ni una sola vez mencionó a Telefónica, empresa de servicios públicos dueña de Telefé -canal de TV de mayor audiencia-, ni tampoco a Raúl Moneta, propietario de una extensa cadena de radios. A DirecTV, proveedora de TV satelital, le dedicó extensos párrafos para aclarar que tiene una pequeña incompatibilidad y para justificar por qué se hace un análisis de posición de mercado distinto del aplicado a sus competidores de cable. De Telecentro sólo respondió cuando se le preguntó sobre la situación concreta de esa empresa, que da servicio en múltiples localidades con una sola licencia y que superpone en el área metropolitana servicios que son incompatibles según la nueva ley. Además, dio por supuesto que la transferencia de las radios de Daniel Hadad a Cristóbal López está terminada y aprobada por el organismo que preside, cuando esa venta choca con el texto de la norma porque el nuevo licenciatario mantiene la situación irregular del anterior. Y esta lista podría ser todavía más extensa.
La presentación de ayer del presidente de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, dejó claro quiénes sobrevivirán a la aplicación de la ley de medios: las empresas extranjeras, los empresarios amigos de la vida y los ex compañeros políticos de la familia Kirchner (como Alberto Pierri o José Luis Manzano), y aquellos que se acercaron por conveniencia económica en los últimos años.
Eso confirma que todo el discurso oficial en torno de esta ley no tiene que ver con la regulación de un sector económico y cultural estratégico, sino con la decisión política de desguazar a un gran grupo empresario porque ya no se ajusta su línea editorial a los estándares oficiales. Sobre el resto, por lo que se vio ayer, al menos se mantendrá el statu quo.
Esta evidencia explicaría también la elección de Sabbatella, un político con otras aspiraciones, como encargado de aplicar la ley en el punto que más interesa al Gobierno. El funcionario es el único de los tres presidentes que tuvo Afsca que no es especialista en comunicación. Opositores y especialistas en políticas de comunicación dicen que no tiene un conocimiento acabado del contenido de la ley y menos del mercado en el que debe ser aplicada. En la puesta en escena de ayer, por ejemplo, Sabbatella afirmó que Uno Medios tiene licencia para dar TV satelital, sin aclarar que en la práctica ya no presta ese servicio desde los años 90. Varios corresponsales extranjeros que días atrás fueron recibidos por el funcionario expresaron su sorpresa por esos lapsus. Lo dicen también algunos trabajadores de Canal 13 que fueron hasta su oficina para expresarle su temor por la pérdida de sus empleos. De hecho, llegado ese punto, Sabbatella recordó su experiencia como intendente de Morón cuando ese municipio cambió la concesionaria de recolección de basura y la nueva compañía fue obligada a mantener los puestos de trabajo. Una metáfora poco feliz en un diálogo con periodistas.
Mientras tanto, las organizaciones de medios alternativos se manifestarán hoy frente a la sede de Afsca para reclamar las licencias prometidas. De las más de cien cooperativas de servicios públicos que pidieron licencia para ofrecer TV paga, sólo una (en Santa Rosa, La Pampa) está empezando a dar el servicio. Entre los pueblos originarios crece una fuerte e ignorada disputa acerca de quiénes deben ser dueños de radios, si las comunidades registradas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o las organizaciones (como la Tupac Amaru) anotadas en una lista ad hoc creada en 2010.
En tanto, el 33% de espectro para entidades sin fines de lucro deberá seguir esperando primero un plan técnico y luego una limpieza del espectro que abra ese espacio. Del fallido concurso para crear 220 nuevos canales de TV en todo el país, no hubo más novedades. Pero las prioridades del Gobierno y sus beneficiarios son claramente otras
Fuente: www.lanacion.com.ar
