Resulta muy contradictorio el hecho que, por un lado, Chile sea el país con mejor salud materna del continente americano, luego de Canadá, lo que nos llena de orgullo y, por otro, estemos debatiendo sobre despenalizar el aborto.
La ministra de Salud, Carmen Castillo señaló, con motivo de la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto, que en Chile la mortalidad materna estaba estancada. Ello resulta, ciertamente, un hecho no evidente. Si bien se puede estimar que ha existido un aplanamiento de la curva de muertes maternas, no es lo mismo que hablar de estancamiento. Para comprender bien esto es necesario manejar dos términos: mortalidad y morbilidad. La primera se refiere a la persona o grupo de personas afectadas con una patología con desenlace de muerte; la segunda, por el contrario, afectada por una patología, egresa y vive.
Existen dos elementos fundamentales que han contribuido a la baja abrumadora de mortalidad materna en Chile: el excelente desempeño médico-obstetra y los tratamientos de excelencia obstétrica. Sin embargo, hay un factor discordante y se refiere al embarazo tardío, es decir, mujeres que postergan su embarazo hasta después de los 35 años. El riesgo obstétrico, asociado a la edad, en este caso, es un hecho objetivo, pues la mujer a partir de ciertos años ya presenta algunas condiciones crónicas, como diabetes. lo que generalmente está implicado en otras patologías como obesidad e hipertensión. El riesgo aumenta tanto por la edad (causa directa) como por causas indirectas (las distintas patologías asociadas). En el año 1950, las causas indirectas eran de un 15%, hoy son de un 50%. Por tanto hay dos fuerzas positivas (desempeño y tratamiento obstétrico de excelencia) y una negativa (edad tardía de embarazo) que llevan a un aplanamiento en la curva de mortalidad materna.
La ministra Castillo omite señalar que es justamente la excelencia en el manejo obstétrico lo que ha permitido que las muertes por sospecha de un aborto sea (en mujeres en edad fértil) de 1 en 4 millones o 0,4 por 100.000 nacidos vivos por aborto de cualquier tipo, salvo ectópico. De modo que la muerte por aborto provocado es una situación de excepción en Chile y se ha visto disminuida a lo largo de 50 años. Esto resulta relevante al momento de querer comprender por qué estamos situados como el segundo mejor país en salud materna.
Cuando en 1931 se implementó la ley de aborto terapéutico, bajo el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, (Art. 226 del Código Sanitario “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer quiere la opinión documentada de tres facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso por falta de facultativos en la localidad, se documentara lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquél el testimonio correspondiente”) la cifra de mortalidad materna alcanzaba a 749,9 por 100.000 nacidos vivos. En 1937, esta cifra aumentó a 989,3 por 100.000 nacidos vivos. La razón de ello obedece a que la legislación de la época no definía qué se entendía por “fines terapéuticos”, dejando a la interpretación subjetiva un espectro tremendamente amplio. En los años 60 se hablaba de una verdadera epidemia por aborto. De hecho el Hospital Barros Luco debió abrir una “sección aborto”.
En el año 1967, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se introduce una modificación al art. 226, reemplazándolo por el art. 119 que establece “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos” Nuevamente nos encontramos con que la ley no define qué se entiende por “fines terapéuticos, no restringe el sentido ni alcance de los mismos
En 1989, mediante la modificación al artículo 119 del Código Sanitario, se prohíbe toda acción “cuyo fin sea provocar un aborto”.
El Código Penal, en su artículo 342 expresa que aquel que maliciosamente causare un aborto tendrá una pena o sanción, lo que implica necesariamente que el legislador previó que para que se constituyera el delito debía existir una intencionalidad, una malicia, de querer matar al nasciturus. Nadie con cierta lógica entenderá que un médico, en el deber del cumplimiento de su oficio, como es el de salvar la vida en peligro de muerte de una madre, pueda cometer el acto deliberado o provocado de generar un aborto.
La mortalidad materna, entonces, siguió disminuyendo desde el año 1989: desde 10, 8 hasta 0.39 por 100.000 nacidos vivos. Esto implica que una ley menos permisiva no es síntoma de mayor mortalidad por aborto, sino todo lo contrario.
Los factores que explican este descenso son: la reducción en las tasas de fecundidad a causa de los programas de planificación familiar, a partir de 1964; la escolaridad femenina (de 3,5 a 12 años promedio en 50 años), la expansión progresiva de la atención obstétrica de excelencia; acceso temprano a los controles de embarazo y cuidados post aborto. De ellos la educación reviste una relevancia fundamental y ha tenido incidencia sobre las otras variables: a mayor conocimiento mayor cuidado y acceso a mecanismos de salud.
Por otro lado, la ministra de Salud ha dicho que en Chile se practican 400.000 abortos clandestinos. Curiosamente esas cifras no están registradas bajo estudios científicos ni estadísticos. Existen datos de mortalidad materna global, es decir, todas las muertes de mujeres durante el embarazo o parto o poco después del término (según la OMS “dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”) pero no hay una segregación por muerte materna, lo que conduce a un error y tergiversación de las cifras. Prueba de ello es que los propios promotores del aborto, como el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, debió reconocer y publicamente decir que estarían hablando de 32 mil casos. Aunque esta cifra sigue siendo una falacia, puesto que no hay datos desagregados ( en dicha cifra están también los abortos espontáneos), no hubo más alternativa que admitir el engaño, frente a la evidencia científica
Respecto de la morbilidad materna por aborto (recuerde que en este caso, la mujer egresa del hospital, no es causal de muerte), en 1965, los egresos hospitalarios por cualquier tipo de aborto eran de 56.130, es decir, 18,6% sobre el total de nacidos vivos. Hoy la cifra es del 12%, lo que implica una importante disminución en las tasas de hospitalización por aborto.
Frente a ello nos encontramos con dos alternativas: O el aborto clandestino es muy seguro y no termina en complicaciones, por lo que no existiría el aborto inseguro. O la frecuencia de abortos clandestinos ha disminuido, lo que implicaría una disminución de la población en riesgo de aborto y una consecuente disminución de embarazos no deseados o planeados con riesgo de abortar. Esto tiene una explicación histórica. En el año 1938, Eduardo Cruz Coke, ministro de la cartera de Salud, implementa la “Ley de Madre e Hijo”, que consistía en regalar leche en los consultorios de modo que al ir al recinto la mujer se realizara un control prenatal en el mismo momento (hoy de excelencia). En 1967, bajo el gobierno de Frei Montalva, se implementó el programa de planificación familiar, uno de cuyos objetivos fue la “disminución de las tasas de mortalidad materna, condicionadas en alta medida por el aborto provocado clandestino" . Cabe hacer mención que el verdadero fin no fue el mencionado sino el control de natalidad o antinatalismo promovido por Estados Unidos en el universo de países subdesarrollados.
Sin embargo, ambas políticas públicas de salud favorecieron con los años el menor egreso hospitalario, pues los embarazos no deseados han ido disminuyendo con los programas señalados.
A partir del año 1999, son las organizaciones de la sociedad civil las que, mediante los programas preventivos de acompañamiento, han logrado evitar que el aborto sea una opción dentro del embarazo vulnerable. Entre los muchos programas encontramos a Fundación Chile Unido, Maternitas, Fundación San José, Proyecto Esperanza.
Al hacer un análisis muy riguroso sobre una base de datos fiable, con un grupo de 3.146 mujeres (cohorte), con edad promedio de 22 años, de las cuales 486 declararon abiertamente querer abortar, nos encontramos con que las motivaciones son, en más de un 90%, por coerción de los padres o pareja o terceros, con o sin violencia doméstica, abandono de la pareja y miedo. Respecto del abuso sexual éste representa el 2,1% y problemas psico-emocional con un 1,9%.
Resulta evidente, entonces, que más del 90% de las causales no encuentran solución en la ley de despenalización de aborto.
Gracias al programa de acompañamiento el resultado de nacidos vivos ha variado entre un 69% a un 85%, dependiendo del grupo de riesgo y de la permanencia o abandono del programa. Y es esta situación la que explicaría l disminución de abortos, sumado a una muy buena salud materna, con disminución de egresos hospitalarios por abortos inducidos.
Por otro lado, algo de lo que nadie ha hablado es del daño psicológico y físico que sufre una mujer por aborto.
Respecto del daño físico, un estudio en China, realizado con más de 9000 mujeres concluyó que quienes se practican un aborto tienen 20% más de riesgo de padecer de cáncer mamario; con dos abortos, esta cifra asciende a 50% y con 3, 70%. En España los abortos reiterados constituyen el 33%. Otras patologías asociadas al aborto son la placenta previa, embarazo pre término, parto prematuro. Todo ello nos lleva a concluir que el gasto, a largo plazo, por parte del Estado, aumentará, como así mismo la desigualdad social.
Cabe concluir de todo lo anterior que el aborto no es un tema de salud pública en Chile y que los programas de acompañamiento creados por la sociedad civil son la respuesta a la problemática del aborto, resultando más eficientes y humanizador, la lógica de una sociedad civilizada y no una lógica promotora del asesinato.
Despenalizar el aborto no sólo no es necesario en Chile. Implicaría una drástica merma en programas de prevención, desinformación, aumento de enfermedades de transmisión sexual (ITS/ETS y VIH) , todo en detrimento de la salud femenina y la puerta abierta de par en par para la legalización del peor de los males mundiales: Matar una vida inocente y el corazón de una mujer. Pero más aún: destruir una sociedad, bajo la rubrica de unos supuestos derechos de la mujer.
Fuente: andreabalbontin.es.tl
