VENTANA PANORÁAMICA…
JOSÉ ISIDRO CORDERO
Un funcionario público, cualquiera sea su jerarquía, es un mandatario, cuyas ejecutorias deben estar ceñidas a normas establecidas y compartidas por la sociedad mandante. La vida de un funcionario público está sujeta a comentarios. Hay necesidad de hacer una acotación: la vida privada de una persona en funciones públicas tampoco puede ser coto cerrado de impenetrable acceso. Ella debe cumplir con ciertas normas de comportamiento conforme a los valores del grupo social donde se desenvuelve.
Al respecto, estamos en camino de presenciar un debate, con incidencias judiciales, propulsado por el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en busca de resarcimiento moral por denuncias de una supuesta participación suya en actividades económicas ilícitas de corte internacional; denuncias aparecidas en el diario ABC de España y reproducidas por los diarios: El Nacional y Tal Cual, de Venezuela. El señor Cabello, bajo el argumento de no ser ciertas esas denuncias, recurre a tribunales de la República para demandar por difamación a propietarios, editores y algunos otros trabajadores de esos diarios. Aquí cabe un dicho muy romano: la mujer del César no sólo debe ser horrada, sino parecerlo. Previo a establecer lo improcedente de esa demanda por el carácter de redifusión de la información, debemos estar claro: desde todos los rincones del país salen comentarios con respecto a la súbita fortuna de bienes materiales ostentada por el señor Cabello. La gente se pregunta. ¿Cómo un funcionario público, con los míseros sueldos pagados por la administración pública venezolana, puede acumular tanta riqueza en tan poco tiempo? Eso no lo sé, tal vez los tribunales de la República harán esfuerzos por lograr una respuesta convincente.
El punto básico está en acentuar el criterio siguiente: Ningún funcionario público, fundamentalmente si tiene poderes o posibilidades para administrar o disponer de los recursos económicos y financieros de la República, puede exigir a la sociedad no fiscalizar sus actuaciones. Los límites de la vida pública y de vida privada de un funcionario público son imperceptibles, por tanto, la sociedad tiene la responsabilidad ineludible de escrutarlas y monitorearlas en cada paso, a fin de evitar desmanes. En el caso del señor Cabello, le sería más beneficioso presentarse en tribunales españoles y exigir del diario ABC las pruebas, según las cuales su persona está involucrada como director del cártel de Los Soles. Posiblemente, logre desmontar la infamia, demostrar su inocencia y calmar las angustias de la sociedad venezolana.
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