17,2 millones de cruces en la frontera: ¿quién sostiene la respuesta en los territorios?

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Frente a la persistencia del conflicto armado y las dificultades de acceso a derechos, protección e integración socioeconómica en las zonas limítrofes, distintas comunidades construyen respuestas operativas desde sus territorios. Iniciativas de emprendimiento, agricultura local, salud y organización comunitaria hacen parte de los procesos acompañados por el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS).

17,2 millones de cruces en la frontera: ¿quién sostiene la respuesta en los territorios?

Estas acciones cobran relevancia en un escenario de alta movilidad internacional. Cifras de Migración Colombia señalan que entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 17,2 millones de cruces de ida y regreso en la frontera entre Colombia y Venezuela. Solo el departamento de Arauca concentró el 11,9 % de esta dinámica, con más de 56.000 pasos diarios en cada dirección. En el paso de Rumichaca, frontera con Ecuador, se contabilizan entre 5.000 y 8.000 movimientos diarios, según datos de ACNUR.

En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, el JRS presentó los resultados de sus monitoreos transfronterizos (2025-2026), advirtiendo que el desafío económico y social va más allá del volumen de personas que transitan: radica en las condiciones de movilidad y en las oportunidades reales de acceder a empleo, salud, educación y regularización.

Respuestas productivas y comunitarias desde el territorio

Ante las fallas de cobertura institucional, las poblaciones locales han consolidado modelos de autoabastecimiento y apoyo mutuo:

▪️Nariño (Seguridad alimentaria y tejido social): la colectiva Mujeres Unidas por la Chagra conecta la agricultura, la alimentación y la cocina comunitaria para fortalecer la economía local. En Pasto, la Escuela de Gestores Sociales del colegio Artemio Mendoza articula a jóvenes migrantes y comunidades de acogida en proyectos ambientales y de convivencia.

▪️Frontera sur con Ecuador (Cadenas de emprendimiento): en Tulcán, Rosa Peraza impulsó una red de mujeres migrantes enfocada en la integración laboral y el trabajo independiente.

▪️Arauca (Infraestructura y cohesión): procesos locales impulsan la sostenibilidad de los asentamientos 30 de Agosto y Villa Pez mediante mejoras en infraestructura, prevención en salud e iniciativas de integración social.

“En Colombia he recibido mucho amor y acompañamiento. Estoy en la Red de Mujeres para devolverles a otras mujeres lo mismo que yo recibí, sin importar la nacionalidad. Todos somos parte de la solución y en los territorios ya se están dando respuestas a las situaciones humanitarias que vivimos a cada lado de la frontera”, comentó Peraza.

Caracterización de riesgos e impacto institucional

El informe del JRS en la frontera de Arauca identificó siete perfiles poblacionales con altos índices de vulnerabilidad, entre los que figuran comunidades indígenas y afrodescendientes, adultos mayores sin red de cuidado, mujeres víctimas de violencia de género e infancia. En la frontera con Ecuador se caracterizaron 12 grupos con necesidades particulares de atención.

Frente a este escenario, Ximena Vidal Rojas, directora nacional de JRS Colombia, enfatizó en la necesidad de articular los esfuerzos públicos y privados con la oferta existente:

“Una frontera no puede gestionarse únicamente desde el control de quién entra o sale. El siguiente paso debe ser conectar las capacidades de las instituciones, la cooperación y las organizaciones con los procesos que las comunidades ya desarrollan en sus territorios. No se trata de comenzar desde cero, sino de fortalecer respuestas existentes y construir juntos condiciones que permitan acceder a derechos y vivir con dignidad”.

La urgencia de optimizar recursos ante la caída de la cooperación

El monitoreo permitió evidenciar que, mientras en Arauca la prioridad de la población se concentra en la cobertura del sistema de salud, en Nariño y Ecuador el eje prioritario es la estabilidad económica y la mitigación de entornos de xenofobia.

A este panorama se suma la reducción de los fondos internacionales para la atención de crisis migratorias en la región, lo que obliga a optimizar las inversiones y promover proyectos de impacto binacional.

“Cada vez hay menos recursos internacionales, lo que nos lleva a unirnos y trabajar en conjunto, en proyectos binacionales y regionales. La invitación es a seguir apostándole a lo que ya está construido, porque hay mucho poder y talento dentro de los territorios”, afirmó Alejandra Castellanos Bretón, directora regional del Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe.


Foto: María Juliana Bernal Cadena, Carisma Comunicaciones.
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