Por Alcira Argumedo
Lo dictaminado por el Máximo Tribunal dejó en evidencia la “mala praxis” del Gobierno de Cambiemos y del Ministro Aranguren al no cumplir con los mecanismos consagrados en la Constitución Nacional.
También es un límite a la prepotencia del Gobierno que buscó aplicar un aumento salvaje, sin contemplaciones.
Por otro lado, las amenazas del Gobierno de un incremento del déficit y la inflación sí no se aplican el tarifazo, omite mencionar que los subsidios en favor de las corporaciones petroleras con el "barril criollo" son aún mayores y los sigue manteniendo.
Además, esta decisión supone que, mientras en Estados Unidos el litro de combustible cuesta 0.60 centavos de dólar, nosotros pagamos 1.20 dólar: un 100% más, que impacta en todos los sectores de la economía y alimenta la inflación.
En ese sentido, aunque es poco mencionado, los millonarios subsidios al barril criollo terminan siendo trasladados a las boletas de los consumidores.
La decisión es simple: o se beneficia a las corporaciones petroleras o se beneficia a los consumidores y a las Pymes. Si las petroleras no quieren producir o amenazan con despedir trabajadores, hay que proponer una reversión jurídica de las concesiones: porque es una evidencia más del fracaso rotundo de las privatizaciones.
Las cifras son contundentes: está comprobado que sólo Minera Bajo la Alumbrera exporta cada año como contrabando, metales sin declarar por un monto de 4.000 millones de dólares. La misma cifra que estiman para el tarifazo, sin mencionar las otras mineras vinculadas a la Barrick Gold, a quienes se ha beneficiado con la eliminación de las retenciones.
