El Consejo del Poder Judicial sometió a la consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia el ascenso del magistrado Saulo Ysabel Díaz, quien se desempeñaba como juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, a miembro de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo. En el Acta 10-2015, los miembros del consejo realizan la ponderación y destacan los méritos personales y profesionales del magistrado, su formación académica y el amplio currículo dentro de la carrera judicial.
Resalto el caso del magistrado Díaz, porque se hace justicia y se rinde homenaje a la integridad y dedicación de la carrera profesional y judicial del promovido. El mundo jurídico dominicano se enorgullece con contar con una figura de la estatura moral del magistrado. Para el Poder Judicial, la presencia del doctor Díaz en la nómina de jueces es una garantía de probidad y profesionalidad. Desde su ingreso a la justicia en el año 1998, como juez de paz del municipio de Cambita, hasta su consagración como juez ejecutor de las penas en el Distrito Nacional, ha demostrado una honestidad y capacidad probada en la difícil tarea de administrar justicia penal, unas excelentes relaciones humanas, admiradas por sus colegas y el público en sentido general, que sabe que al visitar la oficina o el despacho del magistrado, encontrara una persona afable, humana, con una vocación de servicio sin par.
El magistrado Saulo antes de ingresar a la carrera judicial, ya había desempeñado las funciones de fiscalizador en los municipios de Villa Altagracia y en Cambita Garabitos. Al crearse la jurisdicción de la ejecución penal, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia lo designa en el Distrito Nacional como juez de la ejecución de la pena. Fue un gran desafío para este profesional del derecho, ya que le correspondió decidir y resolutar en una estructura penal nueva, sin antecedentes ni marco de referencias. Hasta la fecha, ha superado todas las expectativas, la evaluación de desempeño que se realiza periódicamente indica la idoneidad, eficiencia y eficacia de las decisiones del juez ejecutor de las penas (el reporte indica que en la evaluación del 2012, obtuvo 99.80 puntos y en la del 2013, 99.66).
Para los abogados y abogadas de la provincia de San Cristóbal representa un reconocimiento y si se quiere, una demostración más de la capacidad y consagración de los prestigiosos juristas que engalanan la judicatura nacional.
El autor es doctor en Derecho y exjuez de paz del municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, República Dominicana.
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