El exmagistrado Nilson Pinilla dice que en la CSJ debería haber una renuncia colectiva: “En Colombia hay cuatro males. Uno, la pérdida del interés general. Ya no se gobierna por el bien común de todos los asociados, sino que se gobierna por intereses particulares. Segundo y tercero es concebido que son la corrupción y la violencia.
Y lo cuarto es la pusilanimidad. Somos pusilánimes y nos merecemos las instituciones que tenemos por no reaccionar, por no decir las cosas como lo hacen usted y otros periodistas. Nos convertimos en unos masoquistas a quienes, perdóneme la expresión, nos gusta que nos jodan.”
Por: María Isabel Rueda, 04 de septiembre 2017, 11:52 a.m., en: eltiempo.com
¿Cómo recibe usted estas gravísimas denuncias de corrupción en la Corte Suprema de Justicia?
Con profundo dolor, desazón de colombiano. Desafortunadamente, nuestra sociedad se ha venido corrompiendo a pasos agigantados. Muchos corruptos han llegado a esas altas corporaciones de justicia, y es supremamente grave que a esos niveles se estén tomando decisiones judiciales que no son probas ni ecuánimes, sino financiadas. Eso es un desajuste terriblemente grave para nuestra sociedad.
¿A usted le tocó compartir Corte con las personas que están siendo señaladas por estos terribles hechos, como el doctor Bustos, Tarquino, Ricaurte?
Ya había salido de la Corte cuando ellos llegaron a ser magistrados. A Ricaurte y Tarquino los conozco porque fueron magistrados auxiliares cuando yo estaba allá. Y a Bustos lo conozco como un abogado penalista del montón, sin ningún relumbrón que le diera la calidad para llegar a ser magistrado, y sin embargo no solo lo fue, sino que lo nombraron presidente de la Corte.
¿Qué está pasando cuando ese tipo de personas que por lo que le entiendo no tienen la ponderación profesional ni las calidades morales pueden llegar a tan altísimos cargos?
El problema grave de eso es que no se nombra al mejor en estudios, experiencias, méritos, en probidad, sino que se nombra al amigo, a quien pueda ser aliado. Esa iniciativa estupenda que tuvo la Constituyente del 91 de darles a las cortes participación en el nombramiento de procurador, contralor, fiscal, auditor, lo que terminó llevando fue la mala forma de hacer política en Colombia a las cortes.
Entonces se busca que sea designado el que pueda tener ocasión de devolver más favores. Se incumple ese deber que siempre debe caracterizar a los servidores públicos de no pagar favores y ser ingratos, podemos decir, porque si se pagan favores desde un cargo judicial se está prevaricando. Favores en burocracia y en distintas formas de participación que no necesariamente son las correctas.
¿Cree que esta Corte, o por lo menos su Sala Penal, debería renunciar?
No podemos hablar con la ilusión, porque no van a renunciar. Creo que una renuncia colectiva sería un acto político sano que debería ponerse en práctica, y que es diferente a una renuncia individual, que es un hecho laboral. La renuncia colectiva podría conmover, y la verdad es que el desacierto que se ha tenido en las cortes al nombrar presidentes de la corporación es un estigma que debería ser afrontado con altura por los que se equivocaron y llevaron a esos corruptos a ser magistrados. La culpa es de quien los postula, de quien los terna, inspirado en componendas, en amiguismos. Y por eso no llegan las personas más representativas en materia de ética o capacidad profesional.
¿Cómo salir de este momento tan grave? ¿Cómo volver a subirle el nivel a las cortes? ¿A qué horas empezamos a tener magistrados que venden sus fallos?
Es muy grave porque el tema es social. Desgraciadamente, la sociedad se nos ha corrompido y día a día se está corriendo el riesgo de que haya más corruptos que lleguen a esos altos cargos. Lo único que podría hacerse de momento es que quienes tienen la iniciativa de postular a esos altos cargos sean supremamente cuidadosos y procuren no el amiguismo sino las condiciones profesionales, de experiencia y, sobre todo, las condiciones morales.
También ha resurgido la idea de resucitar la propuesta de la comisión de aforados para que los magistrados de las cortes tengan quien los juzgue. ¿Le gusta esa comisión de aforados?
Por supuesto, una fórmula así tiene más posibilidades de funcionar mejor que el sistema que existe hoy de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Sin embargo, esa comisión de aforados fue encontrada inexequible por la Corte Constitucional porque quebrantaba la esencia de la Constitución; iba en contra del Estado social de derecho, pues implicaba el desvanecimiento de la separación de poderes. Pero mire que la Comisión de Acusaciones de la Cámara encontró mérito por una única vez para que un magistrado, el doctor Pretelt, fuera juzgado por la Corte Suprema.
Pero fíjese que al llegar a la Corte Suprema se varó…
La Corte Suprema está supremamente congestionada, esa es una realidad. Pero un caso de tantísima importancia debería tener prioridad para que se cumpla el debido proceso con los términos correspondientes.
¿Esta misma Corte será capaz de juzgar a sus propios colegas?
Debería ser capaz. Lo que no alcanzamos a vislumbrar es cuántas personas muy comprometidas y agradecidas, por ejemplo con el señor Leonidas Bustos, estén allí en la Sala Penal. Habrá que mirar hasta dónde llega la grandeza de los magistrados para poderse separar de quien les hizo el favor de haberlos llevado a la corporación.
Es un punto complicado, porque en las diferentes transcripciones que circulan por los medios se mencionan más nombres de magistrados, y no es fácil saber si porque pertenecían a la banda o porque no pertenecían a la banda. Si la Sala Penal está tomada por la corrupción o si todavía hay gente honesta y proba que no está matriculada en esa camarilla…
La hay, la hay. Gente suficientemente capacitada, proba, ecuánime. Lo que no sabemos es si mantienen mayoría o si los comprometidos con esa reciprocidad hacia con quien los llevó a la Corte los conduzcan a devolver el favor.
¿Usted que estuvo ocho años como magistrado y fue presidente de la Corte, qué sintió cuando oyó al senador Musa Besaile confesar que le había pagado dos mil millones a un abogado para que se los llevara a “su papá”, que era ni más ni menos que el presidente de la Corte?
No me sorprendió. Ya tenía idea de que la corrupción había llegado a esos niveles. Lo que sí sorprende muchísimo es la reacción ante el corrupto exitoso al cual se le siguen haciendo venias y teniendo una consideración social, y no ocurre nada. Que ese señor, después de confesar que dio dos mil millones, siga siendo senador es insólito. Debió haber sido separado inmediatamente del cargo. ¿De dónde sacó esa cantidad de plata para darla así no más y cuál es el temor que tiene como para desprenderse de semejante suma de dinero? El que nada debe nada teme.
Cuando se es víctima de una extorsión semejante, si es correcto, uno habría respondido que no tenía nada qué esconder y por consiguiente por qué pagar para tapar nada. La culpa debe ser muy alta para haber pagado esa plata. Y sigue siendo congresista… Pero, claro, es que el Congreso de Colombia también ha descendido a los más bajos niveles de descrédito.
Pero, algunos de los magistrados del escándalo también siguen todavía en sus cargos…
Hay unos fuera del cargo.
Quedan otros como el magistrado Malo…
Que es supremamente cercano al exmagistrado Francisco Ricaurte. Qué bueno que las unidades investigativas se ocuparan de esa relación.
¿Está más descorazonado o más indignado?
Tengo muchísimo dolor de que eso esté ocurriendo. Yo no volví a decir que fui magistrado. Hoy me presento como pensionado. Yo digo que soy un HP, humilde pensionado. Eso era un orgullo, haber llegado a un cargo de esa magnitud, era la culminación de una vida de abogado. De manera que estoy descorazonado, y también estoy indignado.
Por último, usted dijo atrás que nuestra sociedad está enferma. ¿De qué está enferma?
En Colombia hay cuatro males. Uno, la pérdida del interés general. Ya no se gobierna por el bien común de todos los asociados, sino que se gobierna por intereses particulares. Segundo y tercero es concebido que son la corrupción y la violencia.
Y lo cuarto es la pusilanimidad. Somos pusilánimes y nos merecemos las instituciones que tenemos por no reaccionar, por no decir las cosas como lo hacen usted y otros periodistas. Nos convertimos en unos masoquistas a quienes, perdóneme la expresión, nos gusta que nos jodan.
Hay congresistas que no pueden volver al Congreso, como Juan José García, entonces manda a su esposa Piedad Zucardi para que la elijan con los mismos votos, y cuando ella ya tampoco puede volver, mandan al hijo elegido con los mismos votos. ¿Entonces, quien es el responsable? Nosotros. Por cobardes es que estamos tan abatidos.
María Isabel Rueda
Especial para El Tiempo
Publicado en:
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/entrevista-de-maria-isabel-rueda-al-expresidente-de-la-corte-constitucional-nison-pinilla-126680
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Más de 20 políticos bajo la lupa en caso de pagos al exfiscal Moreno
Se indaga si la red toca a magistrados activos y si cobraban por nombrar gente en Fiscalía y Fonade.
Por: Unidad Investigativa y Justicia 02 de septiembre 2017, 11:30 p.m., en eltiempo.com
La exsenadora de ‘la U’ Piedad Zuccardi entró discretamente el miércoles pasado, a las 2 de la tarde, a la Sala Penal de la Corte Suprema.
Durante casi dos horas se le preguntó si había pagado para que le anularan evidencias en su contra, dentro del proceso que se le abrió hace 6 años por nexos con ‘paras’. Se le preguntó además si en la Corte le exigieron plata o dádivas para que le dieran libertad por vencimiento de términos, en abril del 2016, después de 3 años de permanecer detenida; y si recibió presiones de magistrados o del abogado Gustavo Moreno.
Pero Zuccardi –quien pidió plazo para responderle al alto tribunal– no es la única emplazada. EL TIEMPO estableció que al menos una veintena de procesos contra políticos están siendo revisados para establecer si forman parte o no de la monumental cadena de cobros que el fiscal Néstor Humberto Martínez destapó hace 60 días, con ayuda de la DEA, y que tiene sumergida a la justicia en una descomunal crisis que amenaza con extenderse al Congreso y a otras entidades claves del Estado.
En la lista de procesos en revisión está el del senador barranquillero Álvaro Ashton, investigado por ‘parapolítica’ y por el desangre de la Dirección de Estupefacientes, quien lleva días sin aparecerse por el Congreso. También se revisa el de su colega Hernando Padauí, amigo y cliente de Gustavo Moreno, y el de la expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien tiene una investigación preliminar hace 5 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Si bien Moreno no aparece como abogado de Toro ante la Corte, fue su apoderado en una denuncia contra un supuesto falso testigo.
Las revisiones de esos casos avanzan con tal rapidez que es muy posible que el poderoso senador Musa Besaile –quien ya confesó haber desembolsado 2.000 millones de pesos, en el 2015, para frenar su captura– no regrese a su curul, luego de la ampliación de declaración prevista para este martes.
Nuevos tentáculos
“Moreno me dijo que la plata era para su ‘papá’ y me dijo con los labios que era Bustos (...); luego escribió en un papel: Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal”, aseguró Besaile en La W en un intento por quedar en la orilla de las víctimas. Allí también se quiere situar su abogado, Ignacio Lyons, a pesar de tener varios vínculos con los supuestos extorsionistas.
En todo caso, Besaile, que hasta hace unos días juró que no tenía nexos con el escándalo; su abogado, Ignacio Lyons, y Leonardo Pinilla, socio de Moreno, son los pilares del proceso que involucra en la red de cobros a los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte y que amenaza con tocar a magistrados activos.
Por decisión de la Corte en pleno, a Gustavo Malo, ‘heredero’ en ese tribunal de Ricaurte y padrino de uno de sus hijos, le están revisando varios procesos, en especial el de Besaile por ‘parapolítica’, que completa tres años en su despacho.
Además, Malo se convirtió en el protagonista de otra línea de investigación revelada hace una semana por EL TIEMPO: los posibles cobros a personas que, gracias a los buenos oficios de los magistrados, fueron nombradas en la Fiscalía y en Fonade, fortín del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y en donde Ricaurte acumula contratos por 700 millones de pesos.
Este diario estableció que una hija de Malo es investigada por entrar ilegalmente a sedes de la Fiscalía, y ahora una fiscal local dice que iba a cobrarle plata.
Un convenio entre el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, y Leonidas Bustos, cuando presidía la Corte, también está bajo la lupa. En este, firmado en el 2015, se ordenó conformar un equipo del CTI para que actuara como policía judicial al servicio del alto tribunal.
Desde hace un mes, se revisan nombramientos y actuaciones de esos servidores públicos.
Y también se indaga por la conducta de otros más, ligados al exmagistrado Bustos en las conversaciones que la DEA le grabó a Leonardo Pinilla y cuyo contenido este les ratificó a agentes federales que lo visitaron en La Picota.
Uno de ellos es Raúl Acero, exfiscal delegado ante la Corte, dueño de un BMW 525i que Bustos le vendió a Gustavo Moreno y que hoy rastrea la Fiscalía.
Acero ascendió en tiempos de Eduardo Montealegre y hace un año fue declarado insubsistente por el entonces fiscal encargado Jorge Perdomo. Pero interpuso una tutela, la ganó y fue reintegrado a la institución como delegado ante los tribunales de Bogotá, cargo que hoy mantiene, al igual que una estrecha cercanía con Bustos.
Zulema y Manzur
Sin embargo, la línea más amplia, escandalosa y jugosa de la investigación es, sin duda, la de los políticos que pagaron por beneficios o fueron presionados para obtenerlos.
Moreno, en calidad de abogado titular o suplente, es el hilo conductor de la investigación. Siguiendo esa ruta, este jueves la Sala Penal desempolvó el proceso por ‘parapolítica’ contra la exparlamentaria Zulema Jattin. La cordobesa le admitió a EL TIEMPO que, además de ser su apoderado ante la Corte en un proceso por corrupción, sostuvo una relación personal de un año con el exjefe anticorrupción.
A Jattin se le quitó el privilegio de libertad electrónica vigilada, que dice nunca haber violado saliendo del país. Y si bien continúa con detención domiciliaria, se alistan decisiones de fondo en el proceso por ‘parapolítica’, abierto hace una década. Este, ha estado en manos del magistrado Eyder Patiño, hoy ponente en el proceso por ‘parapolítica’ contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, otro cliente de Moreno bajo investigación.
El expediente del exsenador Julio Manzur Abdala, libre desde hace un mes dentro de una investigación por presuntos nexos con ‘paras’, es otro de los que se revisa.
La Corte ya lo llamó para que ratifique las declaraciones de Wadith Manzur, uno de sus hijos, según el cual Moreno los abordó para pedirles un soborno al que ellos dicen no haber accedido. De hecho, Manzur habría servido de anzuelo para que Besaile agilizara los pagos al anunciarle que la captura de aquel, también de Córdoba, era inminente y que luego seguía él.
Ricaurte, sin fuero
A pesar del bombardeo de graves acusaciones, Leonidas Bustos continúa guardando silencio, y el mismo camino ha tomado otro señalado: Camilo Tarquino.
Ricaurte, por el contrario, no solo salió a negar los señalamientos. Ante los rumores de su inminente captura, se puso a disposición de las autoridades a través de su abogado Álvaro Luna Conde, quien dijo que su cliente no tenía intención de salir del país.
De hecho, su situación es la más compleja: esta semana, la Comisión de Acusación de la Cámara advirtió que no tenía privilegios como aforado. Y la Fiscalía, entidad a la que le corresponderá investigarlo, cree tener ya elementos suficientes para resolverle muy pronto su situación legal.
De nuevo, la declaración del senador Besaile es la que más lo enreda. Este dice que fue Ricaurte quien le recomendó contratar a Moreno, en el 2014. Además, que el magistrado estuvo en la antesala de una reunión en el hotel Marriott de Bogotá en la que Moreno le advirtió que ya estaba lista su orden de captura y que era el único que podía ayudarlo.
Moreno, la pieza central del engranaje de la corrupción judicial, envió esta semana un críptico mensaje: dijo que había gente aprovechándose de su “silencio temporal”.
Por el contrario, su socio en estos negocios ilegales, Leonardo Pinilla, ya está negociando un preacuerdo con la Fiscalía.
El llamado ‘Porcino’ también aceptó colaborar con la DEA, la agencia norteamericana que los grabó a él y a Moreno en Miami en plena negociación para torcer la justicia en favor del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
Todo eso hace que, para Ricaurte, que lleva más de una década siendo uno de los grandes poderes de la justicia en Colombia y aspiraba, además, a convertirse en magistrado de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el panorama sea complicado, a tal punto que sus allegados no descartan la posibilidad de que se convierta en el primer expresidente de una alta corte en ser detenido.
Por el contrario, los tiempos para la investigación en contra de Bustos son diferentes, pues para la época de los hechos denunciados por Musa Besaile era miembro de la Sala Penal y también presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, su expediente queda en manos de la desprestigiada Comisión de Acusación de la Cámara.
Eso significa que, en el mejor de los casos, la investigación penal propiamente dicha difícilmente podría darse, incluso, en el primer semestre del 2018. La razón: una eventual resolución de acusación debe ser aprobada por la Comisión en pleno y luego por la plenaria de la Cámara, que a su vez la envía al Senado para que, también tras votación con mayorías, finalmente sea remitida a la Corte Suprema de Justicia.
Y en ese caso, todos los magistrados de la actual Sala Penal deberían declararse impedidos, pues fueron elegidos cuando Bustos era miembro de la Corte y, por lo tanto, votó en su elección. De hecho, Bustos fue uno de los que se le atravesaron a la reforma de equilibrio de poderes, que eliminaba la cuestionada Comisión de Acusación y dejaba a los magistrados en manos de un Tribunal de Aforados.
Ante la resistencia a una reforma a fondo de la justicia, el procurador general, Fernando Carrillo, propuso esta semana desde incorporar mecanismos de autocontrol en las altas cortes hasta un referendo que habilite vías para tomar correctivos.
En el entretanto, Fiscalía y Corte Suprema alistan nuevas capturas.
Habla la gobernadora Dilian Francisca
Dilian Francisca Toro, expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, le aseguró a EL TIEMPO que no ha sido notificada por la Corte de la revisión del proceso que se le sigue por presunto lavado y enriquecimiento. “Solo tengo conocimiento de que existe un proceso preliminar en la Corte, en el cual mi abogado es Iván Cancino, quien me representa desde hace varios años. Yo sigo confiando en mi inocencia y en la justicia colombiana”, aseguró Toro.
Y si bien no respondió al interrogante de si le habían pedido algún pago a cambio de beneficios, dijo que está lista para presentarse en cualquier momento, si se requiere su presencia, “como lo he hecho siempre”.
Y sobre su nexo con Gustavo Moreno explicó: “Después de haber leído el libro sobre falsos testigos, escrito por él, y al sentir que en mi caso, como lo sigo afirmando, soy víctima de lo que se han llamado falsos testigos, busqué y contraté al autor para que me representara. El abogado lo hizo durante algún tiempo y cuando fue nombrado servidor público, sustituyó el poder”.
Toro insistió en que seguirá luchando en demostrar su inocencia y en probar que ha sido víctima de falsos testigos.
Unidad investigativa y redacción Justicia
Publicado en:
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/politicos-en-investigacion-por-posibles-pagos-al-exfiscal-gustavo-moreno-126454
Fuente: www.eltiempo.com
