Por: Santiago Oreggia.
Finalmente, el ex presidente Carlos Menem podrá postularse en octubre para ocupar por tercer período consecutivo una banca en el Senado al dictarse hoy un nuevo fallo por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución indica como argumentos centrales que las impugnaciones a su candidatura fueron realizadas fuera de término y que no está firme la condena que pesa sobre él por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno, según dijeron fuentes judiciales.
El fallo de la Corte sobre el ex presidente lleva a preguntarse hasta qué punto se atreverá a avanzar la Justicia cuando se trata de condenas a ex jefes de Estado.
La ex presidenta Cristina Kirchner, inmersa en un sinfín de causas judiciales por corrupción, ha de haberse sentido aliviada al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó expedito el camino de Carlos Menem para presentarse en octubre como candidato a senador por La Rioja. Fue un fallo en sentido contrario al de la Cámara Nacional Electoral.
No era sobre la suerte de quien aspiró a gobernar el país con mano de hierro que debió pronunciarse la Corte al llegar a su conocimiento el recurso extraordinario del Partido Justicialista riojano por aquella decisión de la Cámara Nacional Electoral.
Pero en la ventilación de materias como ésta siempre se reaviva en la arena política una superstición muy argentina sobre hasta qué punto se atreverá a avanzar la Justicia en lo concerniente a la libertad y condenas sobre quienes fueron jefes de Estado.
Sobre el ex presidente Menem pesan dos sentencias condenatorias: una de la Cámara Federal de Casación Penal, por contrabando agravado de armas que fueron a Ecuador y Croacia, y otra, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, por pago de sobresueldos.
En función de esos antecedentes, la Cámara Electoral reiteró su doctrina de que aun cuando no hubiera sentencia firme, y más allá del principio de presunción de inocencia, las sentencias gozan a su vez de la presunción de certeza y legitimidad que les confiere haber sido dictadas por un tribunal competente, con las garantías del debido proceso legal.
La resolución fue firmada por los camaristas federales penales Jorge Ballestero, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que actuaron como tribunal subrogante luego que la Corte anulara la semana pasada el fallo de la Cámara Nacional Electoral que no había hecho lugar a la postulación del riojano para seguir en el Senado en representación de los votantes del Frente Justicialista de su provincia.
El resultante es que Menem, sin que el gobierno de Macri haya mostrado hasta aquí mayor incomodidad se presenta como candidato a pesar de que le pesan sentencias condenatorias.
Ocupando una banca en el senado a la cual pocas veces concurre y cuando lo hace es para apoyar algo que lo favorezca.
El caso de Menem es una constante de los últimos años.
En 2015 no concurrió a ninguno de los 13 debates, mientras que en 2014 sólo estuvo presente en uno.
Pero a los 86 años, y con esos datos a la vista, la performance del riojano mejoró en 2016: asistió a 13 de las 23 sesiones.
La Justicia habría de ser un servicio útil y no lo es.
Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado.
La justicia argentina hoy es una farsa con jueces no probos que debería ser reinventada.
