El Ministerio de Salud porteño determinó los requisitos para permitir que se interrumpa un embarazo, adelantaron a Infobae.com. Se pedirá una declaración jurada o denuncia policial en los casos de violación
Seis meses después del fallo de la Corte Suprema que habilitó el aborto no punible en casos de violación, la Ciudad de Buenos Aires reglamentó el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley.
La Resolución 1.252 fue firmada el jueves por el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, pero recién hoy Infobae.com fue el primer medio en acceder al documento. El mismo establece los pasos a seguir para los casos en los que una mujer busque abortar porque corre peligro su salud o porque fue víctima de una violación.
Para los casos de personas que hayan quedado embarazadas por un abuso sexual, el gobierno porteño aclara que deberá realizarse con una denuncia policial o una declaración jurada "sin necesidad de requerir autorización judicial" dentro "del límite gestacional de doce (12) semanas, con el correlato ecográfico correspondiente".
A diferencia de otros distritos, la Ciudad requerirá que en los casos de mujeres discapacitadas o menores de edad sean informadas "las personas que por ley ejerzan su representación legal".
En tanto, "en los supuestos de peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada", la normativa establece que se requerirá "el consentimiento informado" de la afectada o de su representante legal.
El riesgo de vida sólo podrá ser "diagnosticado por el profesional interviniente", quien deberá determinar que "este peligro no pueda ser evitado por otros medios".
La normativa establece además que "los profesionales de la salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica médica" y "no serán pasibles de sanción laboral de ningún tipo", garantizando "la confidencialidad de la identificación de los médicos".
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de las provincias del país reglamentaron los procedimientos para acceder a la interrupción del embarazo en los casos de violación o riesgo para la salud. El gobierno de Mendoza fue uno de los pocos que optaron por negarse a hacerlo. Si bien el de Salta había anunciado lo mismo, finalmente se inclinó por establecer un protocolo.
Aunque la gran mayoría de los distritos establecieron algún tipo de reglamentación, hay diferencias en los requisitos para realizar el aborto. Algunos piden una autorización a los menores de edad, otros ponen como límite las doce semanas de gestación e incluso hay ciertas regiones que aún piden una autorización judicial para el procedimiento.
Fuente: www.infobae.com
