Los rumores son cada vez más incesantes y nadie los desmiente en forma categórica. Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la Presidencia, se habría reunido con el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni para analizar las probabilidades de apartar al vicepresidente Amado Boudou de su cargo. Esto ocurre en tanto la causa se complica y lastima la popularidad de CFK. Se analiza la licencia por razones personales o la renuncia al puesto.
Los rumores indican que en la reunión estuvo presente el juez de la Sala II de Casación Penal, Alejandro Slokar, de reconocida trayectoria académica y profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Zannini se inclinaría porque Boudou pida licencia y evite de esta manera salpicar la imagen de la presidenta, teniendo en cuenta las elecciones de 2013 y las futuras presidenciales de 2015.
Las causas judiciales que complican a Boudou son presuntos delitos cometidos en torno a la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica; y la que lleva adelante la jueza Romilda Servini de Cubría por presuntas irregularidades con Fondo de Garantía de la Anses. El juez federal Claudio Bonadío investiga al vice por haber inscripto a su nombre un auto de marca Honda con papeles falsos. Todos los días llegan al juzgado nuevos papeles comprometedores que incluyen al entorno del vicepresidente y a sus parientes cercanos.
Mientras tanto, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero son los tres camaristas federales que pueden decidir la situación política y procesal de Boudou, Tienen en sus manos la renuncia del marplatense y aún no definieron que camino tomarán, frente a la evidencia que se acumula en la causa que investiga Lijo, el juez federal a cargo del caso Ciccone. La clave del expediente es Alejandro Vandenbroele, presidente de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos.
Y la justicia federal debe discernir si Vandenbroele se transformó en proveedor del Estado desconociendo a Boudou, cuyas huellas dactilares aparecen en toda la causa penal como ya probó el fiscal Carlos Rívolo antes de su recusación ordenada por los camaristas Freiler, Farah y Ballestero. Boudou jura que no lo conoce pero este aparece como titular de su cuenta telefónica, pagando sus expensas y abonando su sistema de cable en el departamento que reconoció como propio.
Freiler investigó muy bien las coimas en el Senado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Ballestero actuó con profundidad en causas vinculadas a los derechos humanos y a la apropiación de menores. Farah hace poco que llegó a la justicia federal, y en una actuación polémica aseguró que no había corrupción en el caso Skanska. Como se observa, los tres camaristas entienden al poder y sus consecuencias institucionales.
Cuando cumplió cincuenta años, Freiler recibió en su casa a Darío Richarte, socio del abogado que defiende a Boudou. Richarte le cantó feliz cumpleaños, y ahora ayuda a su socio para evitar que el vicepresidente renuncie. Farah es amigo de Javier Fernández, síndico de la Auditoria General de la Nación y operador de la Casa Rosada en los tribunales. Sin Fernández, Farah no hubiera llegado a la Cámara Federal. Y Ballestero también le debe un favor a Fernández: su hija Josefina trabaja en la Auditoria General por su gestión e influencia.
Antes de la Feria Judicial, los tres camaristas pidieron la causa Vandenbroele/Boudou para analizar la prueba recogida y determinar su legalidad. Citaron a las partes y luego decidirán si el allanamiento a la casa de Boudou, clave en la investigación, se ajusta a derecho. Por eso, el vicepresidente depende de la decisión procesal de Freiler, Farah y Ballestero.
Además cada vez es más evidente que el caso Ciccone impactó fuerte en la imagen de Boudou. Lo reconocen funcionarios del gobierno y lo celebran sus enemigos. Aunque una última encuesta de la consultora Doris Capurro llamó la atención por su crudeza: el ex ministro está último entre las principales figuras nacionales, incluso por debajo del poco estimado secretario de Comercio, Guillermo Moreno y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
