La Auditoría Superior de la Federación promovió en enero de este año, dos denuncias penales en contra del gobierno de Graco Ramírez por un desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos.
Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la Auditoría Superior de la Federación, que calificó al Estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles.
Es decir, Graco Ramírez no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que además, en los próximos cuatro años, el Estado sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal, que lo podría llevar a la cancelación del pago de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pesos.
De acuerdo al Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido en el mes de febrero de este año por la Auditoría Superior de Fiscalización, se evidencia que el gobierno de Graco Ramírez cayó en un subejercicio por la cantidad de 162 millones de pesos.
Empero, lo más grave viene en el resultado de las auditorías, en las que se revelan que la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades financieras en la cuenta pública del gobierno de Morelos, en el ejercicio fiscal del 2016 y correspondientes a las participaciones federales, por un monto de tres mil 42 millones de pesos, de los cuales aún no ha logrado solventar 959 millones de pesos.
Dentro del gasto federalizado programable, en la cuenta pública del 2016 se realizaron observaciones por un monto de dos mil 62 millones de pesos; misma cantidad que el gobierno de Graco Ramírez no ha solventado. Es decir, no ha comprobado en qué se invirtió y gastó.
Con ello, el gobierno de Graco Ramírez enfrenta pliegos de observaciones acumulados desde el 2012 y hasta el 2016 por un monto global de cuatro mil 420 millones de pesos, que no ha podido solventar y que podrían representar un desfalco económico a la hacienda pública estatal.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación ha iniciado procedimientos para que el gobierno de Graco Ramírez reintegre a la Hacienda Pública Estatal y Federal una cantidad de 297 millones de pesos y en contraste, ha iniciado demandas de tipo penal por un probable desvío de recursos por un total de 534 millones de pesos, equivalente a lo que se invirtió para la construcción de la nueva sede del Poder Le
